De qué va la conversación:

Lo político: el problema no es la censura, porque no existe orden de silenciar, sanción por contenido ni permiso para la censura previa. El problema es de diseño: tres criterios sin definición operativa, multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales y un regulador que perdió la autonomía formal del IFT. Sheinbaum acota la sanción a tres incumplimientos administrativos, pero uno de ellos es no tener código de ética, y el código debe contener los mismos términos vagos; la ambigüedad no se resuelve, cambia de nivel. El dato que nadie toma en cuneta: la norma se justifica en nombre de las audiencias y ninguna encuestadora las ha medido.

Lo económico: la inversión creció 1.1% anual en mayo, de modo que el diagnóstico de incertidumbre por el T-MEC no explica lo que pasó. Si esa fuera la causa, ambos orígenes caerían juntos; la maquinaria nacional cayó 9.8% y la importada creció 5.6%. Lo que se contrajo no fue la inversión en equipo, sino el mercado de quien lo fabrica en México. A eso se suma un Estado que edifica (obra pública 30.5% contra privada en caída) y una tasa real de 3.4% que difiere compras de maquinaria sin costo inmediato. El Plan México se propuso elevar la inversión y el contenido nacional al mismo tiempo: mayo avanza en lo primero y retrocede en lo segundo.

Las audiencias no han tenido voz… solo el gobierno y los medios de comunicación

Por Hugo Alfredo Hinojosa

¿Qué cambió esta semana?

Entre el 2 y el 5 de agosto ocurrieron cuatro hechos que suman al debate de la “censura”. Primero, Morena emitió un comunicado oficial el 2 de agosto negando que los lineamientos impliquen censura y atribuyendo a sus críticos una versión que calificó de falsa. Segundo, la presidenta Cluaida Sheinbaum precisó el 4 de agosto que las sanciones solo proceden por tres causas administrativas: no publicar código de ética, no designar defensor de audiencias y no establecer mecanismo de quejas. Tercero, Infobae reportó el 5 de agosto que la consulta pública acumula 1,404 comentarios de 1,324 participantes, de los cuales un análisis independiente ubicó al 71 por ciento en contra y 25 por ciento a favor. Y cuarto, la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, con 1,200 afiliados, adelantó que presentará una postura formal por la ambigüedad y las multas.

¿Cuáles son, en concreto, los criterios que Artículo 19 objeta?

Son tres, y Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, los nombró directamente en entrevista con El Universal: el anteproyecto permite sancionar por falta de información objetiva, por falta de información veraz, y por mezclar opinión con información sin señalar cuál es cuál. Ninguno de esos tres términos viene acompañado de una definición operativa en el texto. Nadie especifica, por ejemplo, cuántas fuentes hacen a una nota objetiva, ni qué distingue una nota mal contextualizada de una opinión disfrazada de información. Maldonado agregó un cuarto problema, distinto a la ambigüedad: ¿quién va a decidir si una nota cumple o no con esos criterios es el propio gobierno, a través de la CRT? La trampa está en la autoregulación.

Sheinbaum responde que la sanción solo aplica por los tres incumplimientos administrativos que mencionó el 4 de agosto: falta de código de ética, falta de defensor, falta de mecanismo de quejas. Esa respuesta no contradice directamente a Maldonado, pero tampoco lo resuelve, porque dentro del código de ética que cada medio debe redactar y hacer cumplir están, precisamente, los criterios de veracidad y objetividad que Artículo 19 señala. Dicho de otro modo: la sanción administrativa formal es no tener código de ética; pero el contenido de ese código, según el anteproyecto, debe incluir los mismos estándares vagos que generan la disputa. La ambigüedad no desaparece, se traslada a un nivel de abstracción. 

¿Qué resolvería esa ambigüedad?

Algo específico y verificable: que el texto final liste de forma exhaustiva y numerada qué constituye una violación al código de ética, sin dejar abiertos términos como información veraz, objetiva o suficientemente contextualizada, pero valdría la pena que todo pudiera medirse con datos. Si el documento que salga de la consulta define, por ejemplo, que basta con declarar la fuente de una nota y separar tipográficamente la opinión de la información para cumplir con el código, la discrecionalidad baja de forma medible. Si en cambio conserva esos tres términos sin acotar, cualquier concesionario queda expuesto a que la CRT decida, caso por caso, si una nota fue suficientemente veraz. Esa es la diferencia concreta entre las dos versiones del texto que hoy compiten, y es precisamente lo que la consulta pública, que cierra el 21 de agosto, todavía puede definir en cualquiera de los dos sentidos.

¿Qué tan representativo es el rechazo del 71 por ciento en la consulta?

Menos de lo que parece a primera vista. Esa cifra corresponde a quienes decidieron comentar un anteproyecto técnico en un portal gubernamental, un grupo donde suelen sobrerrepresentarse organizaciones de medios, periodistas y públicos ya alertados sobre el tema, no una muestra aleatoria de la audiencia general. No es, por lo tanto, un sondeo representativo ni una cifra que por sí sola obligue a la CRT a nada. Su valor es distinto: confirma que la preocupación no proviene solo de la oposición partidista, sino también de actores técnicos como la propia Cámara de la Industria de Radio y Televisión, con incentivos e información distintos a los de un partido político.

¿El patrón de acumulación institucional prueba una intención?

No. En 2025 se aprobó la llamada Ley Espía, que permite a la Secretaría de Seguridad y a la Guardia Nacional acceder a bases de datos biométricos y financieros; ese mismo año se disolvió el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano autónomo, y sus funciones pasaron a la CRT, hoy adscrita a una agencia del Ejecutivo. Esa secuencia admite dos lecturas igual de posibles con la evidencia disponible: migración de capacidades hacia el Ejecutivo, o medidas de seguridad y desarrollo de derechos de audiencias que ya existían en la Constitución desde 2013. Ninguna de las dos está demostrada; ambas son interpretaciones. Lo que sí es un hecho verificable, y es el argumento más sólido de todo este expediente, es institucional: el órgano que hoy decide sobre contenido informativo ya no tiene la autonomía formal que tenía el IFT. Ese cambio de diseño pesa más, como riesgo concreto, que cualquier lectura sobre las intenciones detrás de él.

¿Es correcto llamar censura a lo que ocurre hasta hoy? No en sentido estricto, no visible sino sí interpretativo. No existe una orden de silenciar a nadie, no se ha aplicado ninguna sanción por contenido, y el anteproyecto prohíbe expresamente la censura previa. Lo que existe, con evidencia real, es un riesgo de aplicación discrecional que depende de tres factores documentados: los tres criterios ambiguos que señaló Maldonado, multas de hasta el 1 por ciento de los ingresos anuales del concesionario, y un regulador con menos autonomía formal que su antecesor. Ese riesgo es grave por sí mismo y no necesita la palabra censura para serlo.

El contexto de violencia contra periodistas agrava ese riesgo, aunque conviene citarlo con precisión. Artículo 19 documentó 451 agresiones en 2025, una cada 19 horas, y los casos de abuso de poder público subieron 7.3 por ciento entre 2024 y 2025. Las cifras de periodistas asesinados durante este sexenio varían según la fuente y el criterio de posible relación con la labor periodística, entre poco más de diez y cerca de veinte casos, así que conviene citarlas como rango. Ese contexto no convierte, por sí solo, un anteproyecto en consulta en censura consumada, pero sí explica por qué un concesionario pequeño, sin departamento jurídico, preferiría evitar un tema antes que arriesgarse a que la CRT decida si su nota fue suficientemente veraz.

¿Qué conviene no olvidar? Primero, la prueba real llegará después del 21 de agosto, y depende de un hecho concreto: si el acuerdo o ducumento final enumera de forma exhaustiva qué constituye una violación al código de ética, sin dejar abiertos términos como información veraz u objetiva, o si conserva esos términos sin definirlos, dejando a la CRT la última palabra caso por caso. Segundo, el argumento más defendible no es la palabra censura, sino la pérdida de autonomía formal del regulador frente al IFT. Tercero, el 71 por ciento de rechazo en la consulta es una señal de alerta técnica, no una encuesta representativa, y ni siquiera puede leerse como la voz de las audiencias, porque quienes participaron son sobre todo medios y organizaciones, no el público general. Y cuarto, hasta que el texto defina esos términos de forma explícita y, eventualmente, se aplique una sanción por contenido, lo preciso es describir esto como un riesgo serio y documentado, no como censura ya consumada.

Visión critica

Vale la pena notar algo que ninguno de los actores citados hasta aquí menciona: el debate se ha dado entre el gobierno, la CIRT, que representa a los concesionarios, y Artículo 19, que representa a periodistas, pero no hay evidencia de que alguien le haya preguntado a la audiencia misma qué piensa. Ninguna casa encuestadora ha medido la opinión del radioescucha o el televidente promedio sobre estos lineamientos. La consulta pública de la CRT está abierta, en teoría, a cualquier ciudadano, pero reunió apenas 1,324 participantes hasta el 5 de agosto, una cifra mínima frente a los millones de personas que consumen radio y televisión abierta todos los días en México. Dicho de otro modo: quienes están discutiendo qué es mejor para las audiencias son, casi en su totalidad, medios, reguladores y organizaciones civiles, no las audiencias. Eso no invalida ninguno de los argumentos anteriores, pero sí es una ausencia que conviene señalar, porque una norma que se justifica en nombre de un grupo y que ese grupo no ha podido opinar sobre ella de forma medible es, cuando menos, una norma con una legitimidad todavía incompleta.

El capital que dejó de comprarle a México

Por Diego Alfredo Hinojosa

¿Cuál es el tema?

El 5 de agosto el INEGI publicó el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo correspondiente a mayo. Este indicador mide cuánto capital se destinó a bienes que se usan en la producción durante más de un año: obra, planta, maquinaria y equipo. No incluye inventarios ni consumo. Es decir, no mide lo que el país gastó, sino lo que el país construyó para la producción futura.

Antes del dato, una advertencia que la mayoría de los medios ignoró. En este texto utilizamos dos series con diferentes significados. La serie desestacionalizada sirve para comparar contra el mes anterior; ahí la inversión cayó 0.4% frente al mes de abril. La serie original sirve para comparar contra el mismo mes del año pasado; ahí creció 1.1%. Con ese criterio, el resultado de mayo es el siguiente: la formación bruta de capital fijo creció 1.1% anual, con la construcción avanzando 2.7% y la maquinaria y equipo cayendo 0.7%. Por sector institucional, la inversión privada se contrajo 1.3% y la pública se disparó 19.7%.

¿Por qué es relevante? 

Porque el desglose por origen contiene el único dato del boletín institucional con consecuencia directa sobre tu cadena de suministro. ¿Qué quiero decir? La maquinaria y equipo de origen nacional cayó 9.8% anual en mayo y acumula -10.7% en el año. La de origen importado creció 5.6% en mayo.

Este dato no describe una economía que dejó de invertir en equipo. Describe una economía que dejó de comprarle equipo a proveedores mexicanos. Y la distinción tiene dos implicaciones opuestas según de qué lado estés: si fabricas bienes de capital en México, tu mercado se contrajo a doble dígito mientras el agregado crecía; si los compras, el mercado ya se movió hacia proveeduría importada y tú puedes estar pagando una prima que tus competidores dejaron de pagar.

Por lo mismo, este dato desmonta el diagnóstico dominante. Si el problema fuera incertidumbre institucional tras la revisión anual del T-MEC, ambos orígenes caerían juntos: nadie invierte donde no confía, sin importar la procedencia del equipo. Uno cae 10% y el otro crece. La causa está en otro lado: costo de capital y competitividad de la oferta nacional.

¿Por qué lo debo entender?

Porque define tu tasa de descuento y tu ventana de decisión. Banxico sostiene la tasa de referencia en 6.50% desde mayo y la mantuvo el 6 de agosto. Con la inflación de julio en 3.12%, la tasa real ronda 3.4%. Cuando ese umbral sube, lo primero que se difiere no es la obra ya contratada sino la compra de equipo, que se pospone un trimestre sin costo inmediato. El boletín muestra exactamente ese patrón: construcción arriba, maquinaria abajo. Si tu comité sigue aprobando con el umbral de 2023, estás autorizando proyectos que tus competidores ya rechazaron. 

Y el alivio va a tardar. La inflación subyacente sigue en 3.95%, que es la parte que Banxico controla y la que declara relevante. Mientras esa cifra no ceda, el costo del capital no baja. No calendarices capex asumiendo recortes en el corto plazo.

Hay un tercer frente si operas en construcción. La obra pública creció 30.5% anual en mayo; la privada cayó 1.1%. Tu demanda hoy depende de calendarios presupuestales y plazos de pago gubernamentales, no de decisiones de mercado. Son riesgos distintos, se cubren distinto y afectan tu capital de trabajo de forma distinta.

¿Qué debo hacer?

Primero, audita el origen de tu proveeduría de bienes de capital. Si sigues anclado a proveedores nacionales por inercia y no por costo, servicio o plazo, el mercado ya te dijo que estás pagando de más. Si eres el proveedor nacional, esa caída de 10.7% acumulada es tu alerta de participación de mercado, no un dato macro. Segundo, revisa tu tasa de descuento antes que tu pronóstico de demanda. El umbral real de 3.4% explica el diferimiento de equipo que muestra el boletín. Un comité que no ajustó su hurdle rate desde 2023 está operando con un costo de capital que ya no existe. Tercero, si estás en construcción, separa contablemente exposición pública de privada. Con obra pública creciendo 30.5% y privada cayendo, tu riesgo migró de demanda a cobranza. Ajusta líneas de crédito y supuestos de días de cartera en consecuencia. Cuarto, no confundas el dato del mes con el acumulado. Casi toda la prensa reportó -1.9% de inversión privada como si fuera mayo, cuando es enero-mayo. El dato de mayo es -1.3%. Esa diferencia es precisamente la señal de moderación que un reporte mal leído te esconde. 

Visión crítica

El gobierno tiene razón al presentar el 1.1% como positivo y la oposición al señalar que el privado sigue cayendo; ambas lecturas se detienen en el agregado y por eso ninguna sirve para decidir. El dato con más peso es otro: obra pública +30.5% contra maquinaria nacional -9.8%. Eso describe una economía donde el Estado edifica infraestructura mientras el aparato productivo doméstico pierde clientes frente a proveedores extranjeros. Es incómodo para la narrativa oficial, porque el Plan México se propuso simultáneamente elevar la inversión y aumentar el contenido nacional; mayo muestra avance en lo primero y retroceso en lo segundo.

Esperamos que el análisis haya contribuido de manera significante a la formación de criterio y la toma decisiones en todos sus niveles relevantes.

Escríbenos qué opinas respecto al tema político y económico analizado en la edición de esta semana.

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