De qué va la conversación:

Lo político: la aceleración no proviene de un cambio de calendario ni de un defecto de disciplina, sino de un incentivo mal escrito que premia el oportunismo que el discurso oficial condena. La palabra presidencial no lo corrige porque compite con el interés agregado de la clase política, y el 11 de marzo demostró el límite: el Ejecutivo perdió una reforma constitucional ante sus propios aliados. El riesgo no es perder estados en 2027, es gobernar tres años sin poder legislar la Constitución.

Lo económico: México queda con la tasa más baja entre las sesenta economías señaladas por la sección 301, pero esa posición es relativa, prestada y parcial. No se firmó nada a cambio, desaparece el día en que Washington reduzca la tasa a los demás y no cubre automóviles ni acero, que tributan 25% y 50% por separado. Los negociadores que lleguen en septiembre a la revisión del T-MEC saben cuánto vale para México conservarla.

La aceleración electoral dejó de ser estilo y se volvió costo

Por Hugo Alfredo Hinojosa

¿Cuál es el tema? México no modificó su calendario electoral; lo que hizo fue acelerar los procesos. Y es que lo que cambió desde 2018 no fue la norma, sino el tiempo político real. La sucesión abierta en 2023 con las corcholatas (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal) normalizó el adelanto, y para 2026 el mecanismo bajó de nivel. Así, del 22 al 27 de junio Morena y sus aliados abrieron el registro de aspirantes a coordinar la Defensa de la Transformación en las 17 entidades que renuevan gubernatura en 2027, figura que en los hechos funciona como antesala automática de la candidatura. Se inscribieron 277 personas: 123 de forma presencial en el WTC y 154 en línea, de las cuales 113 son militantes de Morena y el resto proviene del PT y del PVEM. Guerrero resultó la entidad con más registros y Campeche la que menos. Dicho de otro modo, los pre precandidatos ya se masacran entre ellos.

¿Por qué es un problema? Entre los inscritos hay presidentes municipales, diputados locales y federales, senadores y funcionarios estatales que solicitaron licencia. La Comisión Permanente procesó ese registro en dos tandas, el 17 y el 23 de junio, y ahí aparece el primer problema de rigor: no existe una cifra única. El Heraldo contabilizó 31 licencias; La Jornada, 29; Excélsior, 28. El propio Congreso, por su parte, nunca publicó un consolidado. Con todo, lo que importa es el orden de magnitud, que resulta ser el triple del reporte inicial de doce: cerca de treinta legisladores federales dejaron su encargo en una sola semana. A esto se suma un detalle que lo explica casi todo: quien no obtenga la candidatura regresa a su escaño. De ahí que la aceleración no sea un problema de cultura política ni de disciplina moral, sino una regla mal escrita que premia lo que el discurso oficial condena, esto es, el oportunismo.

¿Hay consenso y gobernabilidad? En enero y en abril, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó un estándar explícito: quien aspire a una candidatura debe renunciar, porque no se puede ser servidor público y precandidato al mismo tiempo. Ese llamado, sin embargo, no tuvo eco inmediato, y cuando lo tuvo se tradujo en algo distinto: pedir licencia. En efecto, la convocatoria de Morena sí exige separación del cargo, pero admite la licencia, es decir, la separación temporal reversible. Y el 18 de junio no defendió su criterio anterior, sino que lo relativizó al decir que pidieron licencia nada más. Lo que se observa, entonces, es que desde el punto de vista de la gobernabilidad interna la palabra presidencial no alcanza a fijar reglas cuando compite con el interés agregado de la clase política del partido. En ese mismo periodo, además, reconoció que el veto al nepotismo será ley hasta 2030, lo que dejó a los perfiles familiares sin obstáculo estatutario para registrarse en 2027, a pesar del deseo de la presidenta expreso en sentido contrario.

¿Qué ha pasado? El hecho más duro del sexenio en materia de coalición ocurrió el 11 de marzo, cuando la Cámara de Diputados rechazó la reforma electoral con 259 votos a favor y 234 en contra, lejos de los 334 requeridos. Fue la primera vez que el PT y el PVEM votaron contra una reforma constitucional del Ejecutivo. De aquel paquete solo se publicó una enmienda acotada a los artículos 115, 116 y 134, relativa a topes presupuestales de congresos locales, número de regidurías y salarios de consejeros.

Ahora bien, la fractura no fue limpia: en esa misma votación doce diputados del PVEM votaron a favor de la iniciativa presidencial, uno se abstuvo, un petista la respaldó y tres morenistas votaron en contra. Lo que hubo, por tanto, no fue un bloque aliado rebelándose en pleno, sino dirigencias capaces de imponer línea con fugas internas visibles. Y esa distinción importa de cara a 2027, porque un aliado fracturado se negocia mientras que uno disciplinado se enfrenta. Morena tiene lo primero y no lo segundo, razón por la cual la coalición sobrevivió al desacuerdo legislativo en 16 de las 17 entidades.

¿Qué está en juego? El partido produjo un incentivo, la libertad de competir por un mejor puesto político, que hoy ya no puede administrar. Si la ventana abre doce meses antes y el intento no cuesta nada porque el escaño espera, el cálculo racional de cualquier político es competir. Y cuando la presidencia intenta corregir eso con una regla verbal, sin sanción estatutaria, la regla se disuelve. Por lo demás, quien compite desde el gobierno olvida y ejerce mal su labor, como puede constatarse en presidentes municipales que buscan la gubernatura y que hasta ahora han hecho campaña desde la silla, luego de tener menos de dos años en su puesto de elección popular.

La diferencia con Andrés Manuel López Obrador es, en buena medida, aritmética. Él controlaba a la vez el liderazgo del movimiento, la nominación y a los aliados, y esa aritmética descansaba en un activo que no se hereda: la autoridad informal para cerrar una disputa con una frase en la mañanera. Sheinbaum, en cambio, conserva aprobación alta pero perdió ese tercer control el 11 de marzo. Sería inexacto, con todo, presentar el sexenio anterior como un bloque sin fisuras: entre 2021 y 2024 hubo pugnas internas serias, contenidas más por arbitraje personal que por institución. Lo que cambió, en suma, no es que aparecieran las fracturas, sino que dejó de existir el mecanismo que las cerraba sin llegar al pleno.

¿Qué pasará? El escenario base es de continuidad con fricción, y conviene no confundirlo con normalidad aunque genera un desgaste tanto para la clase política como para la sociedad. Morena mantiene ventaja estructural rumbo a 2027 y las encuestadoras de mayor trayectoria no colocan la aprobación presidencial por debajo de 50 por ciento. Dicho lo cual, la presidenta tendrá que disciplinar a gobiernos estatales y municipales cuyos titulares ya operan en lógica de sucesión. Y conviene insistir: si no se desacelera la lógica electoral, el partido mismo corre el riesgo de resquebrajarse.

Visión crítica

Las dos narrativas dominantes fallan, y cada una lo hace en un punto concreto. La oficialista habla de reglas claras y piso parejo; sin embargo, el estándar presidencial se flexibilizó, el veto al nepotismo se negoció para entrar en vigor cuando ya no incomode y se llamó proceso abierto a un registro que produjo dieciséis aspirantes por plaza sin filtro previo de gestión. La opositora, por su parte, habla de captura autoritaria consumada, pero el hecho central de 2026 apunta en dirección contraria: el Ejecutivo perdió una votación constitucional ante sus propios aliados, y quienes lo derrotaron fueron el PT y el PVEM, no el bloque opositor.

Hay todavía un tercer error, el más extendido: suponer que si no hay colapso tampoco hay deterioro. La coordinación federal y estatal ya paga el precio del adelanto en entidades con gobernadores en su tercer año, cuadros legislativos vacantes, secretarías estatales que operan con encargados de despacho y una agenda de seguridad que, según la misma encuesta que sostiene la estabilidad presidencial, registra su peor evaluación del sexenio. Ese costo, por cierto, está a la vista; lo que no aparece es alguien dispuesto a asumirlo.

Probabilidad

¿Se traduce este desgaste en derrota en 2027? No en el agregado nacional. Morena y sus aliados llegan con la coalición armada en 16 de 17 estados y sin competidor capaz de capitalizar la fractura, aunque bien podrían perder cinco entidades según el análisis inteligente de electioindex. El riesgo real, en consecuencia, no está en perder estados. Está en gobernar tres años sin poder legislar la Constitución, mientras la clase política completa permanece en precampaña en ruta no solo al 2027 sino al 2030 y el gasto electoral crece 35 por ciento para elegir la mitad de los cargos tan solo en el 2027. En última instancia, el colapso está en manos de la presidenta: mientras no asuma el liderazgo que le confiere su rango de mujer de Estado, los políticos seguirán comportándose, incluso contra ella, con la altanería propia de quienes se saben fortalecidos allende el manto presidencial.

Nota al calce: quizá valdría la pena eliminar cuanto antes el protagonismo que Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo otorgaron a los gobernadores et. al.

El castigo ajeno: la posición favorable de México ante el arancel de 10%

Por Diego Alfredo Hinojosa

¿Cuál es el tema? El 20 de febrero de 2026, la Suprema Corte de Estados Unidos invalidó la facultad de Donald Trump para imponer aranceles de 25 %, pues el presidente se amparaba en la ley de emergencias económicas conocida como IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Esta ley, menciona que el presidente puede “regular…la importación”, no imponer “aranceles”. Existen, en cambio, leyes que sí autorizan aranceles, siempre acompañadas de límites: un techo de tasa, un plazo máximo y una investigación previa. Así, invalidado el arancel sustentado en la IEEPA, el gobierno estadounidense activó un arancel de 10 % mediante la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con el fin de mitigar el desequilibrio de la balanza de pagos. A diferencia de la IEEPA, diseñada para ejercer sanciones (congelar los activos de un gobierno hostil, por ejemplo), el Congreso activó la sección 122 bajo una condición: si vuelve a producirse una emergencia de balanza de pagos, el presidente puede actuar, pero con un máximo del 15%, durante 150 días y con la obligación de solicitar después la autorización del propio Congreso. Y así fue.

El 24 de julio expiró el arancel de 10% que Estados Unidos cobraba a los productos mexicanos al amparo de la sección 122. Ese mismo día entró en vigor un arancel de10 % por la vía de la sección 301 de la misma ley, en sustitución del anterior. A diferencia de la sección 122, esta no expira, permite discriminar entre países (a México se le impone un 10% y a otras economías señaladas, un 12.5%) y cuenta con un historial judicial sólido. Estados Unidos la aplicó a sesenta economías con el argumento de que no adoptan medidas para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzado, práctica que considera una ventaja comercial obtenida por medios ilícitos.

¿Por qué es relevante? Tras los cambios arancelarios de los últimos cinco meses, México queda con una tasa del 10%, inferior a la del resto de las economías señaladas en la aplicación de la sección 301. Esa posición, sin embargo, es relativa, prestada y parcial. No es una ventaja: es un castigo ajeno. Existe mientras a los demás se les cobre más y desaparece el día en que Estados Unidos les reduzca la tasa. Tampoco es un derecho. México no firmó nada a cambio: se trata de una decisión unilateral que Estados Unidos puede deshacer. Los negociadores estadounidenses que se presenten en septiembre a la revisión del T-MEC saben con exactitud cuánto vale para México conservarla. Por último, el arancel de la sección 301 no se aplica a los automóviles ni al acero, que tributan por separado tasas del 25% y del 50%.

Si comparamos los números: la ventaja son dos puntos y medio; el arancel de cada auto exportado son veinticinco. Diez veces más. Estar en el grupo bueno no sirve donde la industria mexicana tiene su red de proveedores más profunda. Sin embargo, sirve para el 15% de las exportaciones del país, las cuales son mercancías mexicanas que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC.

¿Por qué lo debo entender? Porque el número no cambió y la situación sí, y esa diferencia solo se advierte si se sabe de dónde proviene cada arancel. La sección 122 traía fecha de vencimiento: a los 150 días expiraba. La sección 301 opera al revés: no caduca por sí sola; para que desaparezca, alguien tiene que suprimirla. El 24 de julio no cambió la tasa, sino quién debe actuar para que el arancel deje de existir. Esto importa porque el costo de un arancel no es su tasa, sino su tasa multiplicada por el tiempo que habrá de durar. Un 10% con vencimiento a cinco meses y un 10% sin vencimiento son el mismo número, pero no el mismo costo. Quien esperaba el fin del plazo ya no tiene nada que esperar.

¿Qué debo saber? Primero: el arancel de 10% impuesto el 24 de julio bajo la sección 301 se trata de la transición a la posición indefinida de la tasa. Segundo: la posición favorable de México ante el arancel es relativa, prestada, y parcial. Tercero: el arancel funciona como una mano de negociación a favor de Estados Unidos en las revisiones del T-MEC. Cuarto: aunque mínima, la posición que México tiene a favor sirve para el 15% de las exportaciones del país que no entran en las reglas de origen del T-MEC.

Esperamos que el análisis haya contribuido de manera significante a la formación de criterio y la toma decisiones en todos sus niveles relevantes.

Escríbenos qué opinas respecto al los temas políticos y económicos analizados en la edición de esta semana.

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