Por Hugo Alfredo Hinojosa

¿Cuál es el tema?

Rubén Rocha Moya salió de la gubernatura de Sinaloa el 1 de mayo del 2026, volvió el 21 de agosto y salió otra vez el 22 de agosto. Ese ciclo completo, no solo el regreso, es el hecho que hay que analizar. Abre una nueva etapa de tensión para Claudia Sheinbaum, Morena y la relación de México con Estados Unidos. El regreso de Rocha no demostró que la presidenta hubiera autorizado su vuelta ni que hubiera perdido el control del movimiento. Lo que demostró su salida, apenas veinticuatro horas después, es que el mecanismo colectivo de Morena, cuando actúa supuestamente unido, todavía tiene fuerza suficiente para doblegar a uno de sus miembros más antiguos. El dato más relevante ya no es el contraste entre los dos mensajes del 21 de agosto, Rocha diciendo que la FGR no halló elementos, Gobernación matizando que las carpetas siguen abiertas. Es que ese contraste bastó, junto con la presión pública subsecuente, para que Rocha se replegara antes de que transcurriera un fin de semana completo.

¿Qué cambió con su regreso y su segunda salida?

Rocha dejó la gubernatura durante más de tres meses en medio de acusaciones presentadas en Estados Unidos por presuntos vínculos con integrantes de la facción de Los Chapitos. El 21 de agosto, a las 9:46 de la mañana, anunció su retorno y sostuvo que, después de 112 días de investigación, no existían elementos mínimos para sostener imputaciones penales en su contra. La marcha atrás llegó con fecha precisa: mediante un oficio fechado el 22 de agosto, Rocha presentó ante la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa una solicitud de licencia indefinida, invocando el artículo 50, fracción VIII, y el artículo 58 de la Constitución estatal. El ciclo completo, salida, regreso, salida, ocurrió en ciento trece días desde la primera licencia y en apenas veinticuatro horas desde el anuncio de vuelta. Eso cambia la lectura de todo lo demás: Rocha ya no es un gobernador que desafía a Morena y sostiene el pulso. Es un gobernador que lo intentó y perdió en menos de un día.

Que la FGR no haya judicializado el caso, o que no haya encontrado elementos suficientes hasta este momento, no equivale a una exoneración definitiva, y tampoco vuelve irrelevantes los cuestionamientos políticos sobre su continuidad en el cargo. El regreso no cancela una investigación ni le concede inmunidad penal absoluta. Sí reactiva la protección constitucional asociada al cargo, lo que complica cualquier eventual ruta penal en México, porque un proceso contra un gobernador en funciones exige mecanismos constitucionales y políticos adicionales. Rocha pasa así de estar separado del poder estatal a recuperar control administrativo, interlocución política, presencia territorial y capacidad para conducir a Morena en Sinaloa rumbo a 2027.

 ¿Por qué regresó justo ahora y se fue de nuevo?

Hay dos hipótesis plausibles. La primera es que Rocha actuó por cuenta propia. Cada día fuera del cargo podía significar pérdida de control sobre su gobierno, debilitamiento de sus redes políticas y menor capacidad para influir en la sucesión local. Bajo esta lectura, el regreso fue un cálculo de supervivencia política: volver antes de que la licencia se transformara, de facto, en una salida irreversible. Conviene sumar dos datos que ayudan a fechar el momento exacto en que decidió hacerlo. Un juez dictó prisión preventiva contra Fausto Corrales Rodríguez el 19 de agosto, dos días antes del regreso de Rocha. Corrales fue quien trasladó a Héctor Melesio Cuén a la reunión en la que presumiblemente coincidirían Rocha, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López; permaneció oculto más de dos años en Ciudad de México. Su testimonio puede resultar clave para determinar si Rocha estaba citado en ese encuentro y quién impulsó la versión de que el asesinato de Cuén ocurrió en una gasolinera. A esto se suma que Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad de Sinaloa con Rocha, dejó de aparecer bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos desde el 11 de agosto, sin que hasta ahora se conozca su paradero. Ninguno de los dos datos prueba nada por sí solo, pero ambos explican por qué el regreso de Rocha ocurrió en un momento particularmente tenso del expediente, no en uno de calma procesal.

La segunda hipótesis es que Rocha contó con algún respaldo político externo. Quienes sostienen esta versión argumentan que un gobernador difícilmente toma una decisión de tan alto impacto sin medir su relación con Palacio Nacional, Morena y el liderazgo histórico de Andrés Manuel López Obrador. La amistad entre Rocha y López Obrador es conocida y de casi treinta años, desde que este último lo postuló por el PRD en 1998, y el propio expresidente lo llamó hermano en público. Pero una relación histórica no prueba una instrucción actual, de la misma manera que el deslinde rápido de Morena tampoco demuestra que no hubiera respaldo previo. El deslinde es compatible con ambos escenarios: si Rocha actuó solo, la reacción rápida de Morena era necesaria para evitar que la decisión se leyera como aval del gobierno federal; si hubo respaldo de algún actor relevante, el deslinde pudo ser una operación de contención para reducir el costo nacional e internacional. Por sí mismo, el comunicado no permite resolver quién autorizó, toleró o desconoció la decisión. Lo que sí permite constatar es que Morena sintió la necesidad de marcar distancia con urgencia.

¿Qué dilema enfrenta Claudia Sheinbaum?

El caso no prueba que Sheinbaum sea una presidenta sin control político, aunque durante esas primeras horas lo pareciera. La coordinación institucional posterior, Gobernación, Morena, legisladores y gobernadores, mostró capacidad real para construir una línea pública en poco tiempo: Rocha se replegó. Antes de que eso ocurriera, Sheinbaum enfrentaba tres rutas posibles, todas costosas: aceptar el retorno y arriesgar que el deslinde pareciera solo una operación de comunicación; presionar por una nueva licencia y abrir un conflicto con un gobernador de Morena y sus redes locales; o incrementar la intervención federal en Sinaloa sin remover formalmente al mandatario. Lo que ocurrió fue, en los hechos, una combinación de la primera y la segunda: el deslinde público se sostuvo, Ricardo Monreal pidió abiertamente la nueva licencia, y Rocha la presentó al día siguiente. No hizo falta llegar a la tercera ruta, la federalización silenciosa, porque la presión política bastó.

Conviene matizar, con todo, la idea de un bloque cerrado y unánime contra Rocha. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado y una de las voces más pesadas de Morena, salió a criticar públicamente a Monreal por esa petición, y le preguntó por qué no exige lo mismo al dirigente del PRI o a la gobernadora panista de Chihuahua. Esa disidencia no impidió el desenlace, pero confirma que el deslinde fue eficaz sin ser homogéneo: bastó con que la mayoría del aparato se coordinara, no con que todos coincidieran.

La ruta que en realidad se tomó, la presión política directa, tuvo una ventaja sobre las otras dos: fue rápida y no requirió que la Federación asumiera de forma explícita el control operativo de Sinaloa, algo que habría sido más difícil de revertir después. Tuvo también un costo. Mostrar que Rocha podía ser obligado a ceder en un día deja claro, hacia dentro de Morena, que ningún gobernador está exento de ese mecanismo, pero también deja claro, hacia fuera, que la coordinación previa entre Palacio Nacional y un gobernador de treinta años de trayectoria no fue lo bastante sólida como para evitar el episodio desde el principio.

Cabe preguntarse, con todo, si la presidenta dio o no alguna instrucción sobre este caso. No puede saberse con la evidencia pública disponible. Lo que sí puede señalarse es que, en otros frentes, la comunicación presidencial ha generado fricciones que conviene no confundir con este expediente. Un ejemplo es la exigencia de que nueve de las diecisiete gubernaturas en disputa en 2027 sean encabezadas por mujeres. El riesgo real no está en la regla de paridad en sí, sino en que algunos gobernadores intenten aprovecharla para posicionar a mujeres de su círculo cercano, un patrón que ya se discute en Baja California en torno al entorno de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. Ese es el punto que merece vigilancia, no la paridad como tal.

¿Qué tan grave es la situación en el propio Sinaloa?

El debate no debería agotarse en la presunción de inocencia o en los señalamientos estadounidenses. Rocha volvió, así fuera por un día, a un estado atravesado por una crisis de seguridad que ya cuestionaba su desempeño antes de este episodio. Sinaloa acumuló 735 víctimas de homicidio doloso entre enero y julio de 2026, equivalente al 7.1 por ciento del total nacional, lo que lo ubicó en el cuarto lugar del país. La capacidad estatal resulta limitada frente a la dimensión del conflicto: Sinaloa cuenta con cerca de 1,584 policías propios y ejerció aproximadamente 965.4 millones de pesos en seguridad pública durante 2025, un monto muy inferior al de Sonora, con 4,546 millones, y al de Coahuila, con 2,569.7 millones. La Federación ha tenido que llenar buena parte de ese vacío operativo. Esto plantea una pregunta que no depende de que Rocha sea o no penalmente responsable de los señalamientos estadounidenses: ¿cómo puede sostenerse la legitimidad de un gobierno estatal si la seguridad depende crecientemente de fuerzas federales, mientras las capacidades locales se mantienen insuficientes? Esa es una falla de gobernanza y una responsabilidad política directa del gobierno de Sinaloa, y esa misma insuficiencia hace más probable que la Federación termine asumiendo, de facto, buena parte de la conducción de la seguridad mientras Rocha permanece fuera del ejercicio del cargo.

¿Cuál es el costo para Morena y la oportunidad para la oposición?

La reacción inicial del PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano ha sido principalmente moral: hablar de impunidad, cinismo, protección al crimen o vergüenza nacional. Ese lenguaje puede activar a la militancia propia, pero tiene un límite evidente: permite a Morena responder que la oposición pretende dictar una sentencia política antes de que exista una acusación formal o una resolución judicial en México. Una oposición eficaz no necesita probar hoy la culpabilidad penal de Rocha para convertir el caso en un problema político. Su objetivo debería ser obligar al gobierno a explicar sus decisiones, sus tiempos y sus omisiones. La pregunta más productiva no es si Rocha es culpable, algo que corresponde a las fiscalías y, en su momento, a los tribunales. Las preguntas que sí puede sostener públicamente son otras: por qué un gobernador bajo investigación vuelve a ejercer el cargo antes de que las autoridades expliquen con claridad el estado de las carpetas; qué información solicitó la FGR a Estados Unidos y qué información recibió; qué diligencias se realizaron durante los 112 días de licencia; qué criterios usa Morena para determinar cuándo un gobernador debe separarse temporalmente del cargo; y por qué Morena asegura no haber conocido una decisión con consecuencias nacionales tomada por uno de sus propios gobernadores.

La oposición debería evitar tratar como un bloque homogéneo a Rocha, Marina del Pilar, Adán Augusto López, Andy López Beltrán u otros personajes del obradorismo. Puede haber coincidencias temporales, presiones políticas y problemas de reputación pública, pero cada expediente requiere evidencia propia; agruparlos sin distinción facilita una narrativa mediática, pero debilita la credibilidad de una acusación seria. La estrategia más eficaz consiste en construir un caso acumulativo de gobernabilidad, no una teoría única de conspiración. El hilo conductor no tendría que ser que todos los casos demuestran la misma conducta delictiva, sino que revelan un patrón político: cuando una crisis escala a nivel nacional o internacional, Morena se deslinda, reacciona de forma coordinada y trata de contener el daño, pero rara vez informa con claridad qué sabía, qué investigó y qué medida concreta adoptará. Ese argumento permite a la oposición cuestionar al gobierno sin adelantarse a las fiscalías, y conecta el caso Rocha con la elección de 2027: si los liderazgos regionales de Morena aprenden que es posible desafiar la línea nacional sin consecuencias inmediatas, la disciplina interna se debilita y las candidaturas locales se vuelven más vulnerables.

Hubo, dentro del coro opositor, una línea más precisa que la simple indignación moral. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, se limitó a decir que ojalá el regreso no tuviera como único objetivo conservar el fuero; Movimiento Ciudadano preguntó por qué, durante los 112 días de licencia, ninguna autoridad federal abrió una investigación propia sobre la violencia en Sinaloa. Esas dos preguntas son estratégicamente superiores a cualquier acusación directa, porque no exigen probar la culpabilidad para ser válidas: obligan a explicar por qué las instituciones actuaron tan poco durante tanto tiempo. Convertida en propuesta, esa lógica sería más útil que la consigna: exigir informes periódicos de la FGR sobre avances procesales, exigir que Morena publique criterios internos de separación temporal para funcionarios bajo investigación grave, promover una revisión legislativa de las capacidades policiales de Sinaloa y presentar perfiles locales creíbles en seguridad y justicia, en vez de limitarse a convertir el caso en propaganda nacional.

Visión crítica

La versión oficialista, que el regreso fue una decisión exclusivamente personal, es posible pero insuficiente: no responde por qué un gobernador con décadas de trayectoria dentro del obradorismo consideró viable recuperar el cargo aun cuando el costo político era previsible, y menos aún por qué esa apuesta le duró apenas veinticuatro horas. La versión opositora, que Sheinbaum y López Obrador habrían operado conjuntamente su retorno, tampoco está acreditada con evidencia pública suficiente, y convertirla en certeza sería sustituir el análisis por la conjetura. Lo verificable hasta ahora pesa más que cualquiera de las dos versiones cerradas: Rocha regresó al cargo el 21 de agosto después de 112 días de licencia y volvió a pedirla al día siguiente; la FGR no ha comunicado una exoneración judicial definitiva y el gobierno federal ha dicho que las carpetas permanecen abiertas; Morena afirmó que no conocía previamente la decisión, aunque no todo el partido reaccionó igual, como muestra la defensa pública de Fernández Noroña; y Sinaloa sigue enfrentando una situación crítica de violencia, con capacidades estatales de seguridad insuficientes.

Eso basta para formular una crítica sólida sin necesidad de resolver lo irresoluble. El problema no fue, en el fondo, si alguien dio una orden que nadie ha probado públicamente. El problema es que un gobernador de Morena pudo volver al cargo, aunque fuera por un día, sin que el gobierno federal hubiera explicado con suficiente claridad qué sabía, qué investigó y cuáles eran los límites de esa permanencia antes de que ocurriera.

¿Qué sigue ahora que el ciclo se cerró?

Con la segunda licencia ya formalizada, Sinaloa vuelve a quedar bajo un gobierno interino mientras Rocha permanece fuera del ejercicio del cargo por tiempo indefinido. Lo más probable es que la Federación aumente su presencia, recursos e inteligencia en el estado sin necesidad de forzar una confrontación jurídica adicional, porque esta segunda salida no vino de una orden externa sino de la propia solicitud de Rocha. Lo que queda abierto es si esa licencia se prolonga de facto hasta el final del sexenio estatal en 2027, o si Rocha, una vez que baje la presión mediática, intenta un tercer movimiento. Después de lo ocurrido en las últimas setenta y dos horas, esa segunda opción parece más difícil de sostener: cualquier intento nuevo de regreso tendría que superar no solo el escrutinio de la FGR y de Washington, sino el precedente de que la primera vez le tomó a Morena un solo día doblegarlo.

Rocha no anuló el control político de Claudia Sheinbaum, pero tampoco lo confirmó de manera limpia. Lo que quedó en evidencia es una secuencia incómoda: la presidenta probablemente no supo del regreso por adelantado, tuvo que reaccionar con un aparato colectivo en vez de con una instrucción directa, y ese aparato funcionó, pero a un costo de exposición pública que no habría existido si la coordinación previa con Rocha hubiera sido más sólida desde el principio. Dentro del propio Morena, la senadora Imelda Castro, hoy la aspirante mejor posicionada en las encuestas internas para la candidatura de 2027 en Sinaloa, ya criticó públicamente el regreso de Rocha y respaldó el mensaje de Sheinbaum sobre anteponer el interés colectivo al personal. Su distancia frente a Rocha, y cuánto la capitalice de cara a 2027, es ya la variable más concreta para observar en las próximas semanas: la carrera interna de Morena en Sinaloa se adelantó, en tiempo real, sobre el propio escándalo.

Nota: Morena debe poner orden entre sus voceros; personajes como Arturo Ávila funcionan más como agitadores que como voceros de pacificación de los problemas del partido.