De qué va la conversación:

Lo político: Ernesto Ruffo Appel, gobernador panista de Baja California entre 1989 y 1995, fue vinculado a proceso el 23 de julio junto con siete personas más por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La Fiscalía sostiene que encabezaba una red de huachicol fiscal operada a través de una empresa de la que es accionista mayoritario; su defensa niega haber tenido conocimiento del contrabando.

Lo económico: la inflación bajó por una razón que no tiene nada que ver con la tasa. La mejoría vino de la parte que la tasa no controla, es decir, de la inflación no subyacente. Este es el dilema, y cualquier decisión sacrifica algo.

El expediente Ruffo: una prueba de credibilidad rubmo a 2027

Por Hugo Alfredo Hinojosa

¿Cuál es el tema? El 16 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo en Ensenada a Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia reciente de Baja California y del país. Se le acusa, junto con Ricardo Thompson Navarro y otras seis personas, de encabezar una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal, operada presuntamente a través de Ingemar S.A. de C.V., empresa fundada por el propio Ruffo. Tras una audiencia de más de 30 horas, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, quien llegó al cargo en la elección judicial de 2025, lo vinculó a proceso el 23 de julio y le dio a la Fiscalía un plazo de investigación complementaria.

¿Qué está confirmado y qué sigue en disputa? Lo confirmado documentalmente es esto: la Fiscalía estima el daño al erario en más de 4 mil millones de pesos entre enero y julio de 2025, con 162 carros tanque y 4,238 operaciones de importación irregular; a Ruffo se le impuso prisión preventiva oficiosa, la única vía legal disponible para delincuencia organizada; y su defensa tiene dos amparos en trámite, uno contra la incomunicación, ya concedido, y otro contra la orden de aprehensión, todavía sin resolución conocida.

Lo que sí está en disputa real no es, como circuló en algunas versiones, el tamaño de su participación accionaria. Tanto Claudia Sheinbaum en conferencia como Milenio coinciden en describirlo como accionista mayoritario y secretario del consejo de administración de Ingemar. La controversia genuina es otra: si esa posición implicaba conocimiento del contrabando. Ruffo sostiene lo contrario y declaró, según Excélsior, que "nosotros ni vemos el combustible, vemos papeles", una defensa que se sostiene con más dificultad viniendo de quien encabezaba formalmente el consejo. Ese es el punto donde de verdad chocan Fiscalía y defensa, no el porcentaje de acciones.

Un tercer frente se abrió cuando legisladores de Morena pidieron al INE investigar si el huachicol fiscal financió al partido Somos México, del que Ruffo es consejero. La vía de oficio no avanzó: la consejera presidenta Guadalupe Taddei descartó abrir esa investigación el 23 de julio, y Somos México respondió aceptando someterse a una auditoría cruzada que también exige para Morena. Esto no cierra el tema del financiamiento partidista hacia 2027, pero sí significa que el golpe institucional específico que buscaba Morena no tuvo, por ahora, el resultado esperado.

¿Qué está en juego? Claudia Sheinbaum ha sostenido, en varias conferencias desde el 17 de julio, que la investigación lleva un año y no distingue colores partidistas, recordando que su gobierno ya ha procesado a decenas de presidentes municipales de distintos partidos.

Del lado opositor, Felipe Calderón habló, según reportó Yucatán, de "justicia discriminatoria y selectiva" el mismo día de la detención, y Vicente Fox calificó al gobierno de "dictadura". La escalada más reciente ocurrió hoy: Fox encabezó, junto con los exgobernadores panistas Juan Carlos Romero Hicks y Alberto Cárdenas, una conferencia para pedir arraigo domiciliario por edad y salud.

Vale la pena no perder de vista algo que la aritmética electoral, por sí sola, no captura: Ruffo no es un político cualquiera, es la figura que en 1989 rompió por primera vez la hegemonía priista en una gubernatura, y eso le da al caso un peso identitario para la oposición que puede movilizar más rápido de lo que sugiere el mapa de 17 estados. La velocidad con la que Fox y varios exgobernadores se sumaron a su defensa es un indicio de ese peso simbólico, distinto y adicional al cálculo estructural que sigue abajo.

¿Qué pasará con Ruffo Appel? Con los delitos imputados, la prisión preventiva es oficiosa, no una decisión discrecional de la jueza: no existe, por ley, un mecanismo ordinario para que Ruffo salga libre antes de que se resuelva el proceso o prospere alguno de sus amparos. Lo que sí fijó la jueza fue un plazo de seis meses de investigación complementaria para la Fiscalía, que corre aproximadamente hasta enero de 2027. Eso no es una fecha de excarcelación, es el plazo mínimo antes de que el caso avance a su siguiente etapa procesal, así que la expectativa razonable es que Ruffo permanezca en el Altiplano durante ese periodo, salvo que alguno de los dos amparos en trámite prospere antes.

Proyección 2027. Para calibrar el impacto real del caso conviene mirar tres niveles a la vez, sin mezclarlos: el mapa estructural de 2027, la situación específica de Baja California, y la dispersión real de las encuestas nacionales, que resulta ser mayor de lo que sugiere cualquier titular sobre el caso Ruffo.

Dos lecturas se desprenden de esta tabla. La primera es estructural: de 17 gubernaturas en juego, el caso toca de forma directa solo Baja California, y ese estado ya tenía una fractura interna propia, ajena a Ruffo, desde la filtración de audios entre Marina del Pilar Ávila y Jaime Bonilla. La segunda es metodológica: entre encuestadoras que miden lo mismo (intención de voto por Morena, mismo año), la diferencia supera los 10 puntos porcentuales, un margen mayor que el efecto que cualquier expediente individual puede tener por sí solo. El mismo patrón se repite en Sinaloa, donde tres encuestadoras ni siquiera coinciden en si Morena sigue punteando la carrera por la gubernatura.

El escenario base es que Ruffo Appel permanezca preso mientras corre la investigación complementaria y el caso funcione, sobre todo, como munición narrativa nacional y como una capa más sobre una Baja California ya fracturada, sin alterar el resultado agregado en los otros 16 estados. El escenario alterno, con probabilidad menor pero no desdeñable, es que alguno de los amparos prospere o aparezcan inconsistencias procesales serias; ahí el caso sí podría convertirse en munición sostenida para la narrativa opositora, justo cuando Somos México necesita una bandera para consolidarse.

¿Qué conviene no olvidar? El dato con más peso no es la detención en sí, sino la escala: de 17 gubernaturas en disputa, el caso Ruffo toca directamente una. El segundo es institucional: la vía de oficio del INE contra Somos México no avanzó, lo que le resta a Morena uno de sus golpes más inmediatos, sin que eso cierre la discusión de fondo sobre financiamiento partidista hacia 2027. El tercero es metodológico: una diferencia de más de 10 puntos entre encuestadoras que miden lo mismo debería pesar, para cualquier lector de este newsletter, más que cualquier titular aislado sobre el caso Ruffo.

Visión crítica. Ninguna de las dos narrativas en disputa resiste el escrutinio completo, y las dos tienen un punto débil concreto, no solo retórico. La del gobierno, que presenta el caso como prueba de que no hay intocables, pierde fuerza con el hecho de que su ofensiva paralela contra Somos México no logró abrirse camino en el INE en menos de 48 horas, lo que sugiere más un intento de golpe comunicacional que una línea de investigación ya madura. La de la oposición, que habla de preso político, tiene un problema simétrico: la defensa de Ruffo Appel sostiene que solo tramitaba documentos y no conocía el destino del combustible, una versión difícil de sostener para quien fungía como accionista mayoritario y secretario del consejo de la empresa señalada. Ninguno de los siete coacusados pertenece, además, a Morena, y la jueza desestimó los argumentos de las siete defensas con datos de prueba, no con presión política visible en el expediente público.

Lo único que se puede afirmar con certeza hoy es que el gobierno obtuvo, en la coyuntura inmediata, exactamente lo que necesitaba: una semana de portadas que no fueron sobre Rocha Moya ni sobre los audios de Marina del Pilar. Si esa ganancia táctica se sostiene o se revierte depende de algo que todavía no ocurre: que la investigación complementaria, en los próximos seis meses, confirme con pruebas duras lo que hoy sigue siendo, en buena medida, una disputa de versiones.

Probabilidad: ¿arrasará Morena en el 2027 en las elecciones? No, al menos no en el sentido de barrer las 17 gubernaturas con márgenes amplios. Morena parte hoy con una ventaja estructural real: gobierna 12 de los 17 estados en disputa y ninguna encuesta seria lo coloca por debajo del segundo lugar a nivel nacional, ni siquiera las que muestran las caídas más pronunciadas. Preseuntamente, las propias evaluaciones internas del partido identifican entre cinco y siete estados de riesgo real, con listas que varían según la fuente pero que se repiten en Zacatecas, Michoacán y Sinaloa, y la dispersión de hasta 11 puntos entre encuestadoras que miden lo mismo indica que el margen de Morena, aunque amplio, no es uniforme ni está exento de competencia local.

La inflación no subyacente al rescate de Banxico

Por Diego Alfredo Hinojosa

¿Cuál es el tema? El 23 de Julio el INEGI reportó una inflación general anual de 3.10% en la primera quincena del mes, superando por diez decimas el 3% que Banxico tenía de objetivo. Esto quiere decir, que respecto al 2025, el precio de los bienes aumentó. Sin embargo, el INCP (Índice Nacional de Precios al Consumidor) se divide en dos subíndices: inflación subyacente y no subyacente. La subyacente mide los precios que responden directamente a las dinámicas del mercado interno. Algunos ejemplos de los objetos de estos precios son los alimentos procesados, bebidas, tabaco, entre otras mercancías. Por otro lado, tenemos la inflación no subyacente, que a diferencia de las variaciones más estables de la subyacente, este segundo subíndice agrupa los bienes y servicios que cambian sus precios de forma abrupta por factores externos. Por ejemplo, la producción agropecuaria depende del clima para crecer un volumen de cosecha especifica, los precios de la gasolina, electricidad y gas dependen de los precios energéticos y tarifas.

El boletín del INEGI nos dice que la inflación subyacente aumentó 3.95%, mientras la no subyacente descendió 0.23%. La unión de ambos porcentajes nos da la inflación general de 3.10%. Es decir, el aumento de precio de las mercancías que responden al mercado interno aumentó a un cercano 4%, mientras que el precio que responde al mercado externo se desplomó, y por tanto fue el responsable de jalar el promedio hacia la meta inflacionaria general de Banxico.

¿Por qué es relevante? La política monetaria generalmente opera sobre la inflación subyacente: al subir la tasa de interés, se encarece el crédito y se frena el consumo. Por tanto, la dinámica de producción y distribución mercantil responde a este enfriamiento debido a que depende del nivel de gasto. Sobre la no subyacente, los precios responden a factores externos y como resultado modificar la tasa de interés interna no puede revertir de forma directa los choques volátiles de precio. En otras palabras, la inflación de 3.10% que cumple de cierta forma el objetivo (3%) de Banxico, es gracias a los factores externos y no por política monetaria. No se discute la mejoría, pero sí el préstamo para que se haya logrado.

¿Por qué lo debo entender? De este dato se decide qué puedes comprar dado tu ingreso y con qué precios te enfrentarás. Banxico sostiene la tasa de referencia en 6.50% desde mayo, cuando declaró concluido el ciclo de recortes ante la incertidumbre global y la debilidad económica. Y gracias a la inflación general de objetivo (3%), la presión por reanudar el ciclo de recortes aumentará. ¿Por qué? Por el razonamiento intuitivo de políticos y empresarios. Los empresarios exigen crédito más barato y los políticos más crecimiento materializado antes de una elección y el ruido mediático que contrae. La razón por la que Banxico mantiene la tasa alta es para controlar la inflación. Por tanto, el razonamiento es “si la inflación ya llegó a la meta, entonces la tasa alta ya cumplió su función y ya no hace falta”. Esto crea dos argumentos que cumplen con el mismo nivel de relevancia: por el lado del crecimiento, la economía está débil (proyección de 1.1%, contracción en el primer trimestre). Esta condición exige una tasa baja para no ahogar la economía. Por el lado de la inflación, la parte de fondo (la subyacente) sigue en 3.95%, casi en el techo. En este caso, la tasa no debe de bajar ya que la inflación no está controlada. Aquí es importante recordar que la inflación bajó por una razón que no tiene nada que ver con la tasa. La mejoría vino de la parte que la tasa no controla, es decir, de la inflación no subyacente. Este es el dilema, y cualquier decisión sacrifica algo.

¿Qué debo saber? Primero: el INPC mide variación, no nivel. Es decir, que la inflación baje no significa que los precios bajaron; significa que suben más despacio. Segundo: no le atribuyas el mérito a Banxico; el crédito se lo lleva la inflación no subyacente. Tercero: la distinción nominal-real: resta 3.10% a lo que subió tu sueldo. Si subió más, ganaste poder de compra; si subió menos, perdiste, aunque en pesos ganes más que antes.

Esperamos que el análisis haya contribuido de manera significante a la formación de criterio y la toma decisiones en todos sus niveles relevantes.

Escríbenos qué opinas respecto al los temas políticos y económicos analizados en la edición de esta semana.

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